Ricardo Anaya el político más perseguido por Peña Nieto

Ricardo Anaya es el político mexicano más perseguido en las décadas recientes. El Estado desplegó en su contra una campaña de calumnias con insinuaciones dolosas, utilización ilegal de instituciones judiciales, fabricación de presuntas evidencias y el empleo faccioso de medios de comunicación. Todo ello sucedió (no podría haber ocurrido de otra manera) por instrucciones directas del presidente Enrique Peña Nieto.

Leer más

Abusos de Nestora Salgado

Las policías comunitarias son expresión del fracaso del Estado para imponer la ley y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Nestora Salgado no habría tenido que organizar el cuerpo de seguridad que encabezó en Olinalá si las autoridades en Guerrero y el gobierno federal hubieran podido enfrentar a la delincuencia en esa zona. Luego, la policía comunitaria al mando de esa peculiar mujer cometió abusos que merecieron la apertura de varios procesos judiciales.

Leer más

Pleito fronterizo y demagogia en segundo debate

El segundo debate de los candidatos presidenciales derivó en un auténtico pleito fronterizo, con una guerra de acusaciones de corrupción y un bombardeo de propuestas demagógicas en torno a fenómenos como la deportación de migrantes, la migración de centroamericanos, el tráfico de armas y drogas.

Leer más

La serie que disgusta a López Obrador

Toda campaña electoral implica ataques mutuos. Todo candidato, además de mencionar sus propias virtudes, señala los defectos que encuentra en sus competidores. La política se hace a partir de contrastes y, sometida a la construcción maniquea de los medios audiovisuales, acentúa la polarización. Las descalificaciones, que constituyen una forma de calificar, son parte del quehacer político. No son deseables desde el ideal de una deliberación sustentada en argumentos y capaz de apelar al razonamiento y no a la emotividad de los ciudadanos, pero tampoco son ilegales.

Leer más

Abolir la publicidad oficial

El Congreso de la Unión tiene seis semanas para cumplir la instrucción de la Suprema Corte de Justicia que le ordenó legislar sobre la publicidad oficial. Las reiteradas dilaciones de los senadores y diputados federales acerca de ese tema llevaron a la Corte a favorecer el amparo presentado por Article 19 y otras organizaciones sociales interesadas en atajar la decantada costumbre de funcionarios, en todos los niveles, que utilizan la publicidad oficial para promocionarse.

Leer más
A %d blogueros les gusta esto: